La pobreza energética es aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.
La pobreza energética depende fundamentalmente de: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda.
En torno al 10% de la población española la sufre (4 millones de personas), y el número va aumentando, mientras el desempleo y la crisis económica merman el poder adquisitivo de la ciudadanía, los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, suben de pecio.
El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenirla, y la reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco establece solución.
Instamos al Pleno del Ayuntamiento de Cacabelos a que:
- EXIGIJA al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética.
- ELABORE un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.
- PIDA al Gobierno que rebaje el IVA para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico.
TEXTO DE LA MOCIÓN
AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS
Don
Ramón Gallego Amigo, Secretario de Finanzas y portavoz de la
Asamblea de Izquierda Unida Cacabelos, al amparo de lo dispuesto en
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente
Moción de MEDIDAS PARA PREVENIR LA
POBREZA ENERGÉTICA
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
La
pobreza energética se puede definir como aquella situación que
sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la
energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades
domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva
de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.
La
pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los
ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la
vivienda en cuanto a su eficiencia.
Según
la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV), en torno al 10% de la población española
la sufre (4 millones de personas), y se trata de un fenómeno in
crescendo, mientras el desempleo y la crisis económica merman el
poder adquisitivo de la ciudadanía, los servicios básicos como la
electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se han encarecido sin
tregua, están acaparando cada vez mayor proporción en el
presupuesto familiar.
La
ECV de 2011 destaca que el 6% de la población no puede mantener su
vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el
8% el caso de mujeres que habitan solas. Se trata todavía de un
fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su
interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión
social. Y pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno ya
existen estudios reflejan como la pobreza energética se
incrementa en nuestro país.
El
último informe del Observatorio
de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala
que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el
2013 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura óptima,
un 16% más que en el 2011. Otro dato es que una de cada tres
personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros
básicos, como el agua, la luz o el gas.
La
pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las
personas y puede influenciar en su esperanza de vida y en el
agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza
energética puede ser responsable de más de 2.300
muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas
por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza
energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la
higiene, la salud (dilema «heat or eat», afecciones respiratorias,
etc.) y, a menudo, genera sobre mortalidad y sobreendeudamiento, así
como aislamiento social y geográfico.
La
UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas
2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas,
respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados
Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza
energética.
El
Dictamen del CESE (Comité Económico y Social Europeo) de 2011 sobre
«La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la
crisis económica» señala que la pobreza energética es una nueva
prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que
la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar
cualquier política energética.
Y
en un posterior dictamen de 2013 «Por una acción europea coordinada
para prevenir y combatir la pobreza energética», el mismo CESE
(Comité Económico y Social Europeo), manifiesta que la
energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable
en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano
tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas.
Añade que la pobreza energética mata física y socialmente.
El
Estado español es el país de la UE27 con los precios de la
electricidad más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012).
Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha
incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5% y la bombona de
butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de
electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y
2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos
incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%,
lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de
afrontar la factura energética de las personas más vulnerables,
haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de
suministro.
Las
compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes
que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro.
Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada
vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades
sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y
concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua,
las grandes compañías de suministro continúan obteniendo
beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78% frente al 2,62% de
las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas
irrisorias.
El
Estado español carece de una política específica dirigida a
prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez
más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos
vitales a todas las familias en función del número de miembros y de
periodos estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran
disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas,
pero no tan solo son insuficientes sino que a menudo provocan que
quien más los necesite se queda fuera.
El
Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta
también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos
familiares y no solo la potencia contratada o la situación
familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de
establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros
países.
El
Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y
en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan
medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre
los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, hace
referencia en su redactado a la pobreza energética, anuncia el
establecimiento de medidas de protección para el consumidor
vulnerable y revierte transitoriamente al bono social eléctrico
regulado en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se
adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el
bono social.
La
reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta
ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza
energética y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía
más la factura. Los precios suben debido a la falta de una auténtica
reforma eléctrica, y la consecuencia de ello está recayendo sobre
los consumidores y las renovables, sin un diagnóstico previo.
Además,
los cambios regulatorios en el sector eléctrico, especialmente los
más recientes, supondrán un encarecimiento de los costes que
afectarán fundamentalmente a los consumidores con la revisión
automática de los peajes. El cambio del sistema de facturación que
aumentará los costes fijos de la factura supone una penalización
añadida a los que menos consumen, ya sea por menor renta o por ser
eficiente, empeorando el problema de la pobreza energética y
aumentando la exclusión.
La
teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para
abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del
déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del
incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se
resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor,
mientras el Gobierno mira para otro lado.
Existen
experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a
colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro
y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos
críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de
más frío o a consumidores vulnerables, es decir aquellas personas
que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera
grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y
el del resto de miembros de su familia.
Por
todo lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida PROPONE AL
PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS LA ADOPCIÓN DE LOS
SIGUIENTE ACUERDOS:
1.-
EXIGIR al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas
para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de
suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime
el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las
tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y
elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con
bajos ingresos económicos. Igualmente, en la citada Ley se
establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas
condiciones adecuadas de temperatura como disponer de otros servicios
energéticos esenciales a un precio justo. Se creara el bono social
para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de
exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo
el corte de suministro a estas familias.
2.-
El Ayuntamiento de Cacabelos elaborará un plan contra la pobreza
energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la
ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita
identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.
3.-
Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3//1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA
reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico.
4.-
De esta moción se dará traslado a:
-
Presidencia del Gobierno de España.
-
Grupos con representación parlamentaria en el Congreso de Diputados.
-
Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP).
-
Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la localidad.
En
Cacabelos, a 11 de abril de 2014
Fdo.:
D. Ramón Gallego Amigo
Secretario
de Finanzas y portavoz de la Asamblea de Izquierda Unida Cacabelos
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